Haber descubierto a la infancia como segmento de público potencialmente consumidor se ha vuelto una fatalidad. La infancia como porción de población consumidora impone la necesidad de clasificarla, de psicopatologizarla, de criminalizarla, para tenerla cautiva y sometida a las leyes del Mercado.
Desde que la reconversión neoliberal de la economía global tomó a la infancia como segmento de público consumidor no han cesado de reproducirse los proyectos destinados a ofrecerle servicios. Servicios alimenticios, servicios de salud, servicios educativos, servicios de entretenimiento.

 

Para poder abordar Políticas para la Infancia considero necesario colocarme en posición de pensar acerca del “estado de la cuestión de una cuestión de Estado”, y comenzar afirmando que la etapa del capitalismo que nos ha tocado vivir ha puesto en riesgo a la humanidad toda y fundamentalmente a la “infancia” como nunca antes había sucedido; que este período gris de la historia tiene características más explotadoras, más parasitarias, más autoritarias, más excluyentes, más injustas en cuanto a la distribución de bienes materiales y simbólicos y –por sobre todo– más devastadora del medio y de las poblaciones, que todas las etapas anteriores.

Comenzaré, entonces, afirmando sin hesitar que los Estados Unidos han emprendido una campaña de recolonización global, de exterminio de todo aquello que se constituya en obstáculo para su dominio, de aniquilación de la propia competencia capitalista y de la poca democracia que aun persiste en el mundo, imponiendo la libertad de mercado y la guerra como principal recurso. De modo tal que es imposible entender algo de la situación de la infancia en el mundo, de las vicisitudes por las que atraviesa la infancia en nuestro país, si no tenemos en cuenta que es la guerra, que es la economía de mercado, y que es el fenomenal dispositivo ideológico funcional al sistema (capitalista y patriarcal) quién decide acerca de las políticas específicas que le son destinadas a la infancia. De modo tal que los Estados Unidos, junto a Somalia –que por carecer de un gobierno operativo se ha visto impedida–, son los dos únicos países en el mundo de un total de 193, que no han ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 que vino a reemplazar a la Declaración de los Derechos del Niño, establecida por la misma ONU el 20 noviembre de 1959 que, reitero, no ha sido ratificada por los Estados Unidos.

El argumento por el cual los Estados Unidos no han ratificado la Convención es muy simple. La Convención sobre los Derechos del Niño prohibe condenar a muerte a personas por delitos que cometieron cuando eran menores de 18 años. Y lo que sucedió es que, en los años noventa, se llevaron a cabo 19 ejecuciones de personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de esa edad. De esas 19 ejecuciones, 10 tuvieron lugar en los Estados Unidos. Y en ese país hay actualmente más de setenta personas condenadas a muerte por delitos que cometieron cuando eran menores de 18 años. La otra razón por la cual los Estados Unidos no han ratificado la Convención es tan simple como que suman más de quince millones las niñas y los niños que se han convertido en refugiados o han sido desplazados dentro de su propio país a consecuencia de guerras de las que no son responsables. Se calcula que más de un tercio de las víctimas de las guerras mantenidas por los Estados Unidos son niños. De modo tal que ese modo tan particular del dominio capitalista ha devenido tanto en contexto que nos incluye como en texto que nos constituye.

La guerra. El Mercado
El Mercado –Dios omnipotente y todopoderoso– la religión del Mercado, lo domina todo. Y es entonces cuando la industria farmacéutica, por ejemplo, cuando los laboratorios que producen psicofármacos, por ejemplo, construyen una infancia como segmento de público potencialmente consumidor.
En efecto, con el correr de los tiempos las diferentes figuras de infancia que transitaron a lo largo de la historia de la humanidad por el imaginario social –el niño pecado de San Agustín, el niño equivocado de Descartes, el niño esclavo de los enciclopedistas, el niño hijo de Rousseau–, aunque no han desaparecido del todo, cedieron el lugar al niño objeto de consumo, al niño sujeto de consumo, al consumidor propio del capitalismo actual. Porque en este siglo XXI que recién comienza, en esta etapa neoliberal del capitalismo parecería ser que solo como mercancías se puede circular. Así es que ya no hablamos más de alumnos de una escuela. Ahora son clientes de una empresa; consumidores de objetos, de bienes culturales y de servicios de salud. Sujetos sujetados a una cultura que los consume al tiempo que los incorpora. El “cogito ergo sum” cartesiano (pienso, luego existo) dejó lugar al “consumen, luego existen”. Si consumen, existen. Si no consumen, no existen. Y, cuando digo consumo me refiero tanto a mercancías, sea ritalina o cualquier otra, como a recursos públicos asistenciales. La inclusión o la exclusión que decide la vida o la muerte se juega ahí: en el nivel de consumo. Por eso, los niños y las niñas de una residual clase media todavía existen porque consumen, pero ya no tienen padres como los de antes. Padres que los cuidaban, los alentaban y los amaban. Ahora, esas niñas y esos niños tienen sponsors que, con tal de salvarlos de la exclusión que les espera, invierten en ellos. Padres-sponsors al estilo de esos financistas que subsidian caballos de carrera, autos de Fórmula 1, o jugadores de fútbol exitosos. Por eso, los niños y las niñas de una residual clase media todavía existen porque consumen, y por eso, los niños y las niñas de sectores marginales existen todavía porque consumen programas asistenciales, porque son clientes de proyectos que administra el Estado financiados por los bancos mundiales, por los afanes de los organismos no gubernamentales, por los infructuosos esfuerzos de UNICEF, UNESCO, OPS, las instituciones de las Naciones Unidas.

Así, haber descubierto a la infancia como segmento de público potencialmente consumidor se ha vuelto una fatalidad. La infancia como segmento de población consumidor impone la necesidad de clasificarla, de psicopatologizarla, de criminalizarla, para tenerla –cautiva– sometida a las leyes del Mercado.

Desde que la reconversión neoliberal de la economía global “descubrió” a la infancia como segmento de público consumidor no han cesado de reproducirse los proyectos destinados a ofrecerle servicios. Servicios alimenticios, servicios de salud, servicios educativos, servicios de entretenimiento, etc. De modo tal que el Estado –y los organismos internacionales tipo UNESCO, UNICEF, OPS– han destinado enormes recursos económicos y han capacitado ejércitos de especialistas, expertos y asesores para implementar esas políticas que, a pesar de sus intenciones (el reconocimiento de las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derecho antes que como objeto de tutelaje), no han logrado que hoy en día podamos hablar del bienestar físico, psíquico y social de la infancia. Argentina gasta en salud justo el doble de lo que gasta Cuba y los índices son comparativamente favorables para Cuba. Los Estados Unidos tienen el mayor gasto planetario por habitante en salud, a la vez que su mortalidad infantil sube y es hoy en día superior a la cubana. En lo que a salud mental le concierne, en las dos últimas décadas desde la psiquiatría llegó una fuerte ola tendiente a clasificar y promover la descripción de nuevas enfermedades para los que la industria química tiene una rápida respuesta, y el psicoanálisis, la liviandad de términos teóricos como el de resiliencia, con el que se pretende explicar las ventajas de la adaptación social. El psicoanálisis, que en sus comienzos tanto hizo para desdibujar el límite que separaba la salud mental de la enfermedad mental, terminó avalando, en el afán de disputar su lugar en el Mercado de almas, las estrategias destinadas a describir patologías individuales para disimular los síntomas sociales, multiplicando hasta el exceso la nosología clásica.

Lo que quiero decir es que las políticas para la infancia en nada son ajenas a los determinantes económicos e ideológicos que tienen en la psiquiatría y también en el psicoanálisis su brazo ejecutor.
Lo que quiero decir es que el curso y el destino de las investigaciones específicas no surgen de un instinto epistemofílico a-histórico y esencial de una candorosa y legítima curiosidad alimentada por la sed de conocimientos–, sino que se halla condicionada y está siendo construida por una complejísima trama de fuerzas instituidas que contradicen flagrantemente no sólo a la Convención sino, también, a los principios éticos más elementales.

Vayamos a un ejemplo: el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, el ADD, incluyó a una multitud de niños y de niñas dentro del campo de la psicopatología y promovió hasta límites escandalosos el consumo de metilfenidato. En la Argentina se calcula que 800.000 niños consumen ritalina, cifra nada alarmante comparada con la de los Estados Unidos. Allí 6.000.000 de niños, la mayor parte entre 2 y 4 años consumen ritalina. La proporción entre varones y mujeres es de 3 a1.
Pues bien: al ADD, se le ha sumado ahora el ODD. El trastorno por déficit de obediencia que, por supuesto, tiene ya la pastilla que lo cura: la atomoxetina. Parece un chiste, pero es una tragedia. No hace falta otra cosa que recurrir al DSM IV para ver que allí está. Allí está y allí estaba desde hace tiempo esperando que alguien lo descubriera. El cuadro es simple. El ODD (el obedience deficit disorder), el déficit de obediencia, el trastorno negativista desafiante, se caracteriza por los siguientes síntomas (cito al DSMIV): El niño o la niña

* A menudo discute con adultos
* A menudo desafía activamente a los adultos y rehúsa cumplir sus demandas
* A menudo es colérico y resentido
* A menudo es rencoroso y vengativo
* A menudo incurre en pataletas

El ODD tiene otras manifestaciones pero, para suprimirlas a todas, la psiquiatría ofrece la atomoxetina y el psicoanálisis ofrece –es triste decirlo– a la resiliencia, o una narrativa logofalocentríca que pretende restituir al padre de la Sagrada Familia el poder debilitado en décadas signadas por los pretendidos cambios en la correlación de fuerzas entre varones y mujeres que caracteriza al patriarcado.
Es necesario recordar aquí que la industria farmacéutica factura anualmente a nivel mundial una suma que es superior al doble del Producto Bruto de Argentina con una rentabilidad que aventaja la de cualquier otro tipo de producción. Mayor aun que la industria bélica o la del petróleo. Así, los grandes laboratorios tienen el poder necesario para promover golpes de Estado o amenazar a aquellos países que ponen obstáculos a su despliegue. Se arrogan el derecho a violar el consentimiento informado de pacientes sujetos a experimentos, de negar la iatrogenia de sus productos, de fraguar estudios clínicos y de manipular investigaciones “científicas”.

Las políticas para la infancia, necesarias e ineludibles como se presentan, son a todas luces insuficientes. La asistencia estatal y privada, de las Iglesias y de las Fundaciones es sin duda mucho más beneficiosa y más benefactora que el abandono liso y llano de la infancia carenciada; pero, poner en correspondencia a ciertas poblaciones indigentes y necesitadas con las competencias profesionales y las instituciones específicas que le son destinadas, puede reforzar un carácter estigmatizante que lleve agua para el molino de la discriminación como lo demostró, de manera flagrante, la reglamentación de la vagancia que condujo a su criminalización y el caso de la psiquiatría clásica. La lucha de más de tres décadas llevada a cabo por la antipsiquiatría, por la psiquiatría democrática, por la red alternativa, apenas pudieron conmover el sistema de exclusión científicamente legitimado que se llevó a cabo cuando instituciones especializadas, con profesionales especializados, portando una legislación especializada, decidieron hacerse cargo –y clasificar– a los enfermos mentales. Los enfermos mentales pagaron el reconocimiento de su patología con un status de excepción que convalidó su status de exclusión. Y la posterior forma salvaje de desinstitucionalización condujo a que los ex-psiquiatrizados terminaran engrosando las huestes errantes que circulan abandonados y desheredados por la ciudad.

Pero el énfasis en la clasificación de la psicopatología infantil incluye otra dificultad: la diversidad, la multiplicidad y la singularidad de “casos”, resiste indoblegale a cualquier intención de cristalizar las categorías de asistidos. La diversidad, la multiplicidad y la singularidad eluden la estigmatización, la rotulación y el destino consecuente. Felizmente –o, desgraciadamente– las niñas y los niños –al menos las niñas y los niños del Estado Neoconservador– se ajustan mal a los sistemas clasificatorios. Los niños, las niñas y los jóvenes desheredados que pueblan los suburbios y los centros de las grandes metrópolis son a menudo –sucesiva y simultáneamente– un poco desatentos, un poco desobedientes, un poco delincuentes, un poco toxicómanos, un poco vagabundos, un poco prostitutas infantiles, un poco repetidores o desertores escolares. Un poco de todo, y nada de eso. Ninguna de esas etiquetas les viene bien. Rara vez se instalan permanentemente en alguno de esos territorios. Circulan de un lado al otro, de un código al otro. Participan de redes de sociabilidad diferenciadas y se escabullen, inaprensibles, de los diagnósticos y de las instituciones. Las trayectorias de infancia vuelven estériles, así, cualquier intento de perfilar los rasgos de una identidad que los caracterice. Para bien o para mal, frente a esta inestabilidad, la vocación de servicio de los profesionales y de las instituciones destinadas a ayudarlos, se muestran impotentes. Y es entonces cuando se los fuerza para incorporarlos en categorías que los confirman, los aprisionan, los convierten definitivamente en ADD, en ODD, en Depresiones infantiles, en drogadictos, en delincuentes o en disléxicos, porqué entonces si se sabe a dónde hay que llevarlos y como hay que tratarlos. Tal parecería que hubiera que someterse al imperativo de clasificarlos, de encasillarlos, de etiquetarlos para someterlos a la piadosa competencia profesional propia de cada “patología”. Es entonces cuando la tentación por la nominación, la pasión por la nomenclatura nos desliza, insensiblemente, a la hiperproducción de un sistema clasificatorio destinado a capturar los movimientos pulsionales, a neutralizar las vibraciones paganas que alientan a estos sujetos. Guiados por este afán de correspondencia, nos vemos empujados a adjudicar a cada patología, la población de especialistas y de instituciones específicas que les toque. Y allí van los expertos, con ánimo de cruzados –cuando no con espíritu misionero– a ayudarlos a sobrevivir en la negatividad de su posición. Por eso pienso que, tal vez, ha llegado el momento en que nosotros, todos nosotros, debamos empezar a pensar estas cuestiones desde su positividad deseante. Entonces, antes de reflexionar acerca de qué es lo que hacemos y qué es lo que deberíamos hacer con la infancia; antes de ponernos a diseñar políticas de salud mental para la infancia; antes de tomar la infancia como objeto de estudio y de asistencia; deberíamos pensarlos –y pensarnos– como un analizador[1] de esta cultura y, sobre todo, preguntarnos que es lo que el Sistema, el Sistema de Salud y hasta el dispositivo académico hace con nosotros. Qué se nos demanda. Síntoma de qué, somos. Tal vez ha llegado el momento en que nosotros, todos nosotros, debamos empezar a pensar estas cuestiones desde su positividad deseante. Allí donde la infancia sufrida y vilipendiada hace evidente la prescindibilidad de una intervención convencional: aquella que evita deslizarnos al lugar común que clausura, justamente, lo que el síntoma individual que dice siempre algo del síntoma social, intenta abrir.

[1]"Analizador" es un término del Análisis Institucional que supone la visualización de conflictos institucionales.